El Chat de Pito

Lo que todos quiren saber pero nadie se atreve a decir

Porqué la llegada a Colombia de las firmas de ingeniería Españolas....

Porqué la llegada a Colombia de las firmas de ingeniería Españolas de manera masiva a contratar proyectos de vivienda e infraestructura, coincide con la llegada de Cambio Radical a esos sectores de la burocracia nacional?

Hasta acá en Popayán nos tocaron de esos Españoles incumplidos en una obra de ingrata recordación (gestión de los de la "casita azul")?

Preguntan los abonados.


Domingo, Junio 4, 2017 - 11:15

Y cómo les parece Germán Vargas?

Y cómo les parece Germán Vargas?, quiere desmarcarse del gobierno, a pesar de haber sido durante 7 años Ministro del Interior, al que partió en dos para volver a crear el impotente Ministerio de Justicia (solo a cargo de presos y notarios).

Luego ejerció como Ministro de Vivienda y como Vicepresidente de la República.

Las culpas y desaciertos de Santos, lo son también de Vargas.

Ahora la Revista Semana en campaña por Vargas lo coloca como uno de "los duros", cuál duro, si en su gestión y con sus congresistas de Cambio Radical han apoyado todas las normas y concesiones a las FARC.

NO Vargas, a usted le toca defender el gobierno del que ha sido parte y corazón y el que tiene el 14% de popularidad. Y en las urnas del 2018, como en toda quema se verá en Colombia el humo.

Opinan los abonados.


Domingo, Junio 4, 2017 - 11:15

¡QUE VIVA EL CHANTAJE!!!!!! Escribió: NELLY YOLANDA ORTIZ DE MEJIA.

Docente de la UNIAUTONOMA POPAYAN - AREA DERECHO PUBLICO: D. Constitucional; D. Procesal Constitucional; D. Administrativo General y Colombiano.

Estas son algunas declaraciones y reacciones por el famoso fallo de la Honorable Corte Constitucional y nombramiento mañana de uno de sus magistrados:

Jesús Santrich en rueda de prensa afirmó que la Corte constitucional es un palo en la rueda en el proceso de paz y “(…) los proyectos que han pasado o están pasando y todos esos cuerpos normativos van a llegar sus inocentes manos, a mi modo de ver para volver mierda”) (sic).

Y continúa: “(…) Lo que ha pasado ahora con el Fast Track es eso y con la perspectiva del prejuzgamiento del magistrado Bernal, y sin embargo actuó para inclinar la balanza a favor de los que quieren volver trizas el acuerdo. Yo pienso que esta Corte como está ahora no da ninguna garantía para seguir avanzando”.

Y que tal estica de ese gran sabio Benedetti: “Si Diana Fajardo no llega a la Corte, las Farc se pararan de la mesa” … “(…) se pondría en vilo la implementación de los acuerdos de paz”. Y como si fuera poco el arrogante, guerrerista, traidor, dueño de la paz HP (léase Honorable Parlamentario), calificó como un error haber ternado al magistrado Carlos Bernal.

Al parecer con estas estúpidas afirmaciones el HP pretende intimidar Y CHANTAJEAR al Congreso, a los órganos competentes para ternar candidatos a la Corte y lógicamente intimidar a la misma Corte Constitucional. Hizo bien el mandado HP Benedetti.

Y que tal la del presidente de la República: Con el otro mandadero Roy Barreras organizan una comida para hacer la misma solicitud de votar por la abogada Diana Fajardo.

Estas conductas intimidatorias y chantajistas propias de los personajes citados y teniendo en cuenta que en Colombia nos acostamos vigentes y amanecemos derogados, me obligaron revisar las preceptivas constitucionales relacionadas con la interpretación y aplicación del principio de la Supremacía de la Constitución, como siempre corriendo el riesgo de equivocarme.

i. Reza el artículo 4°: “La Constitución es normas de normas”.

En un estado social de derecho como el nuestro en donde el ejercicio de las actividades estatales deben estar sujetas a la observancia de la Constitución como pilar fundamental del ordenamiento jurídico, este principio nos informa que dentro de la jerarquía normativa la constitución ocupa el primer lugar y en consecuencia las normas de inferior jerarquía que integran dicho ordenamiento jurídico como: la ley, los decretos del Presidente de la República, las ordenanzas de las asambleas, los acuerdos de los Concejos municipales y distritales y los decretos y demás actos de las entidades territoriales, etc., deben respetar la Constitución. La validez de dichas normas depende de su conformidad con las normas Fundamentales, es decir, que el principio de la Supremacía de la Constitución implica que no puede haber ninguna decisión por fuera o en contra de la constitución.

Aquí surge un interrogante: ¿Cómo se hace efectivo en la práctica el cumplimiento de este principio?

Mediante el establecimiento de mecanismos de control de constitucionalidad y nulidad de las actuaciones de las autoridades públicas, contrarias a la normatividad Superior y en tal virtud creó la Jurisdicción constitucional, con un órgano jurisdiccional supremo, la Corte Constitucional integrada por 9 magistrados elegidos por el Congreso de sendas ternas presentadas por el presidente de la República, La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (art. 239).

ii. El artículo 241 dispone: “A la Corte Constitucional se le confiere la guarda de la integridad de la Supremacía de la Constitución…”

En aplicación de esta preceptiva le corresponde decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución. Las leyes y los decretos leyes expedidos por el presidente de la República (Art. 241-1, 4 y 5).

iii. A su vez el artículo 237 establece: “Son atribuciones del Consejo de estado:

“(…)

2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional”.

Como se puede apreciar en ninguna norma del Estatuto Fundamental se permite el chantaje para la toma de decisiones del Congreso que es un órgano colegiado, deliberante por cuanto sus decisiones se toman aplicando el principio de las mayorías. No puedo imaginarme un congreso firmón.

Así mismo, desconocía que la Corte Constitucional debe ser integrada por los jefes de las FARC, con magistrados que les garantice decisiones favorables a sus intereses y a su futura gobernabilidad.

¿Podemos continuar con esa actitud pasiva del “dejar hacer, dejar pasar”?????

Y por último no olvidemos que los estúpidos, amargados y resentidos ofenden con la lengua y los inteligentes con el silencio y la risoterapia.


Miércoles, Mayo 31, 2017 - 21:15

Buenaventura: un caso de apartheid. Edgar Velásquez Rivera, Profesor Universidad del Cauca.

Los colombianos durante el mes de mayo de 2017 observaron un paro cívico en Buenaventura. No es el primer movimiento social, tampoco será el último al cual recurren los habitantes de esa ciudad para expresar su inconformidad por los múltiples problemas que le aquejan. El apartheid fue un fenómeno que, originado en Namibia y Suráfrica, tuvo connotaciones predominantemente raciales, expresadas en la segregación. En el caso de Buenaventura estamos frente a un caso de apartheid, más perverso y siniestro que el ocurrido en los países africanos. Se trata de un apartheid además de racial, económico, social, cultural, religioso, sexual y político.

La responsabilidad de este apartheid en Buenaventura recae, en primera instancia, en los gobiernos nacionales, departamentales y municipales (en segundo lugar) independientemente del tiempo y de las esencias ideológicas de los mismos. Ningún gobierno nacional ha tenido una visión geopolítica sobre la importancia de este puerto sobre el pacífico. Desde la monótona y lanuda Bogotá de vestimenta alcanforada se le mira, de manera racista, como un espacio habitado por colombianos de quinta categoría dados al jolgorio, la holgazanería y los goces paganos de raíces africanas; a través del cual ingresan no pocas mercancías que suplen sus fantasías de consumismo periférico y exportan materias primas esquilmadas en economías de enclave.

Desde Cali (un pueblo grande), a Buenaventura se le trata en términos edulcorados como un villorrio anárquico y peligroso. La gobernación del Valle (en toda su historia) ha sido incapaz de integrar a Buenaventura (tan importante polo de desarrollo) a la vida del departamento y del país. Los impuestos generados por la actividad que implica ser el principal puerto de Colombia, no se expresan en inversión en agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones y su conexión vial con el resto del país. En ese sentido, Buenaventura continúa, guardadas las proporciones, con deficiencias típicas del siglo XIX.

Los distintos gobiernos de Buenaventura (alcaldes) han carecido, sin excepción, de una visión responsable y estratégica sobre los destinos de dicha localidad. Llegan al cargo para beneficiarse a sí mismos, a sus clientelas, a sus familias y a sus jefes políticos. Una oportunidad que no pueden dejar pasar, parecer ser la divisa de quienes llegan a ser alcaldes. El monto y la destinación de los presupuestos, los episodios de corrupción, el desorden administrativo y la visión predatoria de lo público, así lo atestiguan.

En Buenaventura, como en cualquier puerto del mundo, cohabitan los poderes ficticios de la institucionalidad y los poderes reales de las mafias; crece, urbanísticamente, de manera desordenada; compiten las distintas confesiones religiosas; es una ciudad de bienes y servicios; los asesinatos por encargo (con distintas modalidades de sevicia como los descuartizamientos) son los métodos predominantes para resolver los líos en algunos sectores sociales; la inoperancia de la administración de justicia es proverbial, la ineficiencia e ineficacia de los organismos policiales da lugar al ejercicio de la justicia por mano propia.

Los principales renglones de la economía de Buenaventura no son de sus habitantes raizales. Pertenecen, por el contrario, a comerciantes “exitosos”, a industriales “emergentes”, a piratas, bucaneros y corsarios cuyo único mérito es su olfato para la especulación comercial que están de paso, cual ave de puerto. La mayoría de la población de Buenaventura es pobre (material y espiritualmente), se registra en ella preocupantes cifras de analfabetismo, morbilidad, mortalidad y, por ende, corta esperanza de vida. Sus oportunidades (legales) son limitadas y, sin que ello sea una justificación, permite comprender la continua diáspora hacia el interior de Colombia y al exterior.

Buenaventura le ha aportado al país y al mundo, aparte de científicos, docentes, deportistas, mano de obra calificada, compatriotas dedicados al mundo de la cultura, funcionarios estatales y trabajadores que, en general, han aportado a la construcción de la nación y a su perfilamiento como país. Otros connacionales (víctimas del apartheid), de ambos sexos, ejercen la prostitución en países, predominantemente de Europa y América Latina, y otros se dedican a actividades ilegales. Múltiples organismos estatales y privados hacen presencia en Buenaventura y pese a conocer estas consecuencias del apartheid, les es peculiar su autismo y su insularidad.

A la iglesia católica, fiel a su inveterada estrategia de procurar quedar bien con todo mundo, le asiste una enorme responsabilidad histórica en la tragedia por la cual atraviesa Buenaventura y que aquí caracterizamos como apartheid. De la mano de la iglesia católica tuvo lugar la trata negrera y los horrendos crímenes en ella cometidos. De esa institución, el sector más recalcitrante, llama a una etérea paz, mientras en los palafitos los niños son devorados por los parásitos y pisoteados por las moscas; llama a la humildad, mientras la juventud es envenenada con narcóticos; llama a la paciencia, mientras miles de hogares pasan hambre. El sector menos corrompido de la iglesia católica es consciente de la problemática y formula tenues y esporádicas expresiones de apoyo a los movimientos de protesta.

Por su parte el espectro político colombiano nada tiene que ofrecerle a Buenaventura, ni la derecha modernizadora, ni la extrema derecha ultramontana. A ambas tendencias que han sido gobierno en Colombia, en el Departamento del Valle y en Buenaventura, solo la masiva y supina estupidez alienante garantiza su dominio político en dicho puerto. Los gobiernos locales, pretendidamente “independientes” o “alternativos” han resultado ser un fraude, una estafa. Las izquierdas colombianas (que aún permanecen en la guerra fría) tampoco tienen una propuesta responsable y seria para Buenaventura. Esas izquierdas atomizadas, histéricas, de cafetería y de camándula, aún no logran conectarse con la realidad concreta del país que pretenden dirigir.

El mundo académico colombiano (especialmente de las ciencias humanas y sociales) aún tiene trazas de prohijar un conocimiento anclado en el culto y no en la crítica, un conocimiento asexuado e “imparcial”. La mayoría de “intelectuales” colombianos permanecen borrachos en su propia vanidad expresada en lo autorreferencial, rumiando modas intelectuales y no logran, salvo contadas y honrosas excepciones, desatar reales procesos de emancipación con los resultados de sus investigaciones y su praxis. Distintas universidades privadas y estatales tienen presencia en Buenaventura y viven, parece ser, en un mundo sideral, en una burbuja. La naturaleza conservadora y confesional, de la mayoría de las universidades colombianas, les impide desatar reales procesos insurreccionales en materia de conocimiento y de compromiso con las víctimas del abuso del poder.

Buenaventura no necesita mesías alguno. Tampoco asistencialismo. Nadie les resolverá sus problemas de manera desinteresada. Los mercaderes de la política, con el apoyo de algunos de sus habitantes, pronto se harán presentes cual aves carroñeras. Se requiere que sus habitantes, por fortuna afros en su mayoría, recurran a la autocrítica, a sus genuinas raíces de lucha, tracen horizontes desde su propia cosmogonía y sean artífices de las soluciones a sus problemas. Produce tristeza ver a miles de bonaerenses históricamente burlados, excluidos y segregados. Mientras tanto Colombia, oficialmente, niega que en su territorio exista apartheid, diásporas y racismo. La esclavitud adquiere nuevas expresiones. Los mercachifles que impulsan la moda del giro decolonial ¿qué dirán sobre el particular?


Miércoles, Mayo 31, 2017 - 17:30

LO QUE OLVIDO DANIEL

Daniel Coronell en su columna en Semana, develó que el gobierno le vendió Cafesalud a los mismos de Saludcoop, Palacino y compañía, le adjudicó a un grupo de más de 130 agrupados en la tal Prestasalud.

Imagínense ponerlos de acuerdo, además les dio 5 años para pagar.

Pobres usuarios. Pero a Coronell se le olvidó incluir al hermano del candidato Germán Vargas, miembro de Junta de una de esas agremiadas que se "ganaron" Cafesalud.

Recordemos que el hermano del candidato Vargas se graduó como abogado experto en temas de salud, coincidencialmente cuando nombraron Superintendente de Salud a José Renán Trujillo de Cambio Radical (ya sabemos porque lo echo el Presidente Uribe), y desde entonces Enrique Vargas, ha sido abogado de Saludcoop, Cafesalud y eficiente recobrador para ambas entidades al Fosiga y además miembro de la Juntas de la nueva EPS y de Medplus, como lo denunció Caracol y no lo recordó Coronell.

Recuerdan los abonados que padecen el servicio de Cafesalud.


Domingo, Mayo 28, 2017 - 18:15

OPINAN LOS ABONADOS

Indispensable leer las claras y valientes columnas de Maria Isabel Rueda y Mauricio Vargas en El Tiempo.

Estos dos serios periodistas son de los pocos que resultaron alérgicos a la mermelada de la publicidad oficial.

En la buena columna de Vargas Mauricio, se le olvido que la primera traición de Santos fue al Uribismo que lo eligió en 2010, que casi lo saca en 2014 y que los sacara del gobierno en 2018.

En todas la encuestas gana "el que diga Uribe".

Por eso andan todos juntándose y llenos de pánico.

Opinan los abonados.


Domingo, Mayo 28, 2017 - 18:15

POBRE CAUCA

Como si nos faltarán males, el ex Ministlo Juan Felnando Clisto, anuncia en su entrevista en El Tiempo que iniciará su campaña por el Cauca.

Guapo el precandidato comenzar por donde no tiene amigos.

Por acá lo veremos más solo que la una.

Pero comenzó la campaña.


Domingo, Mayo 28, 2017 - 18:00

VARGAS LLERAS PROPONE ACABAR EL INPEC

El Pre-Candidato Vargas Lleras propone desaparecer el INPEC. Qué pensarán los más de 17 mil funcionarios y sus familias?

Pero hay que refrescarle la memoria al Pre-Candidato y al país:

Acaso no fue Vargas Ministro del Interior y a su cargo esa dependencia?

Acaso no fue justamente en ese mismo periodo, en donde más se intencificaron los hechos que hoy desgarrado denuncia?

Acaso no fue él mismo, promotor de la Ley Ciudadana, lo que aumentó considerablemente el número de población carcelaria?

De otro lado propone que sea la Policía Nacional la que se haga cargo de la responsabilidad de lo que hoy tiene el Inpec.

Cómo se nota que tampoco ha leído los Tratados Intencionales, los que justamente tratan que la seguridad carcelaria debe ser ajena a las Organizaciones de Seguridad del Estado, para éste caso la Policía Nacional.

A poner las barbas en remojo los del Inpec porque "Con Vargas la chamba se acaba."

Comentan y opinan los abonados.

http://m.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7384947


Sábado, Mayo 27, 2017 - 21:30

TORTUGA VUELVE A SU HOGAR

Tras una llamada a la línea de atención ciudadana 123, se logró la recuperación de una tortuga caimán “MACROCHELYS TEMMINCKII, que se hallaba abandonada en el patio de una vivienda del municipio de Villa Rica, al norte del Cauca.

Por eso la dueña de esta vivienda alerto de la presencia de este animal atascada en una de sus alcantarillas a la Policía. Los uniformados llegaron al sitio donde yacía el animal para, con precaución, trasladarla a un lugar seguro, para después pedir ayuda a un funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC.

La tortuga, de aproximadamente 75 cm con un peso de 80 kilogramos, lo que hace deducir su edad adulta, fue recuperado por unidades de nuestra institución adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes de la estación de policía de Villa Rica, quienes laboran en esta localidad del norte del Cauca.

Cabe destacar que la importancia ecológica de esta especie radica en que ayudan a mantener el equilibrio en los cuerpos de agua que habita, mediante el control de la sobrepoblación de peces, anfibios y en general de los animales que les sirven de alimento, según explicaron los funcionarios de la CRC y nuestros funcionarios ambientales.

“El éxito de estas liberaciones radica en las denuncias, las cuales permiten actuar de manera oportuna frente a estos hechos que ponen en peligro a nuestra fauna silvestre”, reportó dicha entidad ambiental.
La especie fue puesta a disposición de la CRC para que la devuelva a su hábitat.

“El compromiso de todos es velar por el medio ambiente, de proteger a los animales, por eso actuamos contundentemente cuando recibimos esta denuncia, porque estaba en peligro una especie que es salvaguardada por la legislación colombiana”, agregó el coronel Rodríguez Comandante del Departamento .


Sábado, Mayo 27, 2017 - 20:45

EL LITIGIO POR EL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTANDER DE QUILICHAO NO HA CONCLUIDO. Notivision, Informe Especial.

El fin de semana anterior el alcalde de Santander de Quilichao, a través de un boletín de prensa da el parte de triunfo y celebra la exoneración del pago de alumbrado público.

De lo que no se dijo en dicho informe es que existen dos sentencias del Consejo de Estado, cuyo Consejero ponente es el Magistrado Ramiro Pasos Guerrero, que para efectos administrativos es el superior y última instancia del proceso, son ellas la 200200345 y la 200201234.

En la 200200345 trata la Nulidad de la Escritura Pública 1572 de 1962, la revisión del contrato, subsanar el desequilibrio económico y la indemnización por los perjuicios causados.

En la 200201234 Cedelca es demandad por el Municipio de Santander de Quilichao y ataca el contrato de Condiciones Uniformes.

Las dos Sentencias de Mayo 2 de 2017.

Valga recordar como primera medida que la Escritura Pública 1572 de 1962 contenía 2 negocios jurídicos distintos:

1 El Municipio de Santander de Quilichao entregó la Pequeña Central Hidroeléctrica Mondomo a Cedelca a cambio de acciones.

2 Cedelca se comprometía a suministrar la energía para alumbrado público a cargo de las utilidades que generan dichas acciones del municipio en la empresa, (clausula tercera del contrato).

Aunque el municipio de Santander de Quilichao y Cedelca han tenido diferencias en relación a la interpretación jurídica de la escritura, en especial el pacto contenido en la cláusula tercera de la misma, estas controversias a hoy ya se encuentran superadas, aclaradas y falladas por el Consejo de Estado.

Las sentencias proferidas dentro de los procesos radicados bajo números 20020034500 y 20020123400 en síntesis indican lo siguiente:

1 El pacto contenido en la cláusula tercera de le Escritura, fue modificado por las partes en ocasión al Acuerdo suscrito por el municipio el 29 de noviembre de 2003, en donde éste reconoció a Cedelca su obligación de pagar tanto Alumbrado Público, como para dependencias municipales y estipulo que dichos conceptos no podrían volverse a imputar a cargo de las acciones que el municipio de Santander de Quilichao tiene en dicha empresa.

“incluso, las partes en el mismo acuerdo de 2003 señalaron que “una vez reconocida y pagada por el Gobierno Nacional, no podrá luego cobrarse a cargo de las acciones que el Municipio de Santander de Quilichao posee en la electrificadora” (fl. 132. Ppal), con lo que se finiquitó la deuda que tenían las partes en relación con lo estipulado en la cláusula tercera, al menos por el periodo allí indicado, esto es, hasta el 30 de junio de 2002, es decir, por una fecha posterior a la presentación de la demanda y con un valor superior al reclamado en la misma. (Destacado original del texto).

En estos términos, toda vez que con posterioridad a la demanda las partes llegaron a un acuerdo sobre lo reclamado en relación con la prestación del servicio, la controversia se considera jurídicamente superada, a través de un acuerdo que tiene plenos efectos vinculantes”.

2 El Consejo de Estado dentro de su providencia indico que el pacto contenido en la cláusula tercera de la controvertida Escritura era insostenible para Cedelca y afectaba el esquema de competencia diseñado para la prestación de los servicios públicos.

“permitir que una empresa preste el servicio sin ningún tipo de remuneración como lo supone la realidad contractual que aquí se pone de manifiesto, pone en riesgo la prestación misma del servicio y rompe el esquema de competencia de los servicios públicos impuesto por la nueva normatividad.

(…) En ese orden, si bien la estipulación contractual carece de reproche jurídico, lo cierto es que la realidad de su ejecución contractual se muestra insostenible, puesto que el servicio no ha tenido ninguna contraprestación económica, lo cual conllevaría a su reajuste, so pena de poner en riesgo la prestación del servicio público. En tanto la lógica de competencia tiene como eje la prestación onerosa de ese servicio, sin prejuicio de los subsidios estatales que el mismo ordenamiento jurídico admite.

3 Dentro de la controversia contractual radicada con número 20020034500 en la que CEDELCA pretendía entre otras, el reconocimiento del pago de la energía suministrada para alumbrado público y dependencia municipales, el Consejo de Estado señaló que las controversias entre las partes se encuentran superadas, en atención a la modificación que sufrió la Escritura al ajustar a través del contrato de condiciones uniformes la cláusula tercera que resultaba exageradamente onerosa para Cedelca.

“En ese orden, es posible como lo dispone el artículo 868 del Código de Comercio que el juez adopte los reajustes necesarios para viabilizar la ecuación o, en su defecto, terminarla. En consecuencia, la Sala debería confirmar la sentencia impugnada, en el sentido de declarar probado el desequilibrio de la ecuación financiera, para adecuar la estipulación de la cláusula tercera del acuerdo 1962, que se convirtió en viable como fórmula de pago, a la nueva normatividad vigente, Sin embargo como las partes ya procedieron en esa dirección, según da cuenta el contrato de condiciones uniformes celebrado el 31 de diciembre de 1994 (fl. 144, c. 5), se impone revocar la decisión del a quo, en tanto la cuestión ya está superada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda”.

Ahora bien, dentro del proceso promovido por el Municipio de Santander de Quilichao contra Cedelca, radicado bajo número 2002012340, se declaró la validez del contrato de Condiciones Uniformes. El Consejo de Estado indicó que debido al cambio de normatividad, el contrato de condiciones uniformes ajustó los términos de la Escritura del esquema de competitividad diseñado para la normatividad vigente que además es de orden público. En ese sentido indicó que se advertía una ilegal modificación de la Escritura pública.

(… )En esos términos, el contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio debía incorporar, como lo hizo, las disposiciones para ajustar la forma de pago del servicio a la nueva regulación vigente, para lo cual, por tratarse de una disposición imperativa y de orden público, no se requería el consentimiento del usuario, quien también quedó sujeto a las nuevas normas que regularon, entre otros aspectos, el pago del servicio como asunto de interés general.

(…) Así las cosas, la Sala no aprecia una ilegal modificación unilateral del contrato 1962, sino la expedición, por parte de Cedelca, en las condiciones previstas en la ley, de las condiciones generales llamadas a regir la prestación del servicio a partir de la nueva regulación legal, lo que en modo alguno permite señalar la existencia de algún vicio en la formación del contrato de condiciones uniforme, por lo que el cargo único de la demanda no está llamado a prosperar.

De otro lado quedó claro en las sentencias de los litigios enunciados que al Municipio de Santander de Quilichao, le asiste la obligación de pagar la energía suministrada y que los ejes principales de la discusión han sido frecuentes entre municipios y distintas electrificadoras del país, situación en la que años atrás intervino el Gobierno Nacional a favor de las empresas de energía, respaldando económicamente a los municipios y armonizando regulatoriamente la situación que ya sabemos era insostenible.

En atención a ello, a estas alturas no es posible para el Municipio insistir en una interpretación jurídica de la Escritura desechada por el Consejo de Estado y mantenerse en una controversia que ya se encuentra superada y modificada desde 1997 y que además hace tránsito a Cosa Juzgada.

Por último, y en esto no existe discusión entre las partes, el contrato de condiciones uniformes fue cedido a la Compañía Energética de Occidente.

Teniendo en cuenta los efectos jurídicos que produce dicho acto, es la Compañía Energética de Occidente quien asumió de manera legítima el suministro de energía para alumbrado público y la prestación del servicio de energía eléctrica para el Municipio de Santander de Quilichao, pero bajo las condiciones ya modificadas en la Escritura, es decir, las que señala la normatividad vigente, que no pueden ser otras que en condiciones de onerosidad.

Así las cosas Cedelca a partir del año 2010 se encuentra excluida de la situación, en atención a la cesión del contrato de condiciones uniformes a la Compañía Energética de Occidente, que se insiste ya fue declarado valido.

En el mismo informe del fin de semana, el alcalde Mendoza trata la Acción de Tutela fallada a favor del Municipio de Santander de Quilichao y que lo libraría del pago de 3 mil millones de pesos a la Compañía Energética de Occidente, fallo que no está en firme, toda vez que cabe la impugnación del mismo de primera instancia, del que Notivision conoció se interpondrá ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y que en principio se supone desconoció la respectivas notificaciones a las partes que podrían resultar afectadas con dicho fallo y que además no habría considerado los fallos previos del Consejo de Estado los cuales resuelven de fondo la controversia suscitada desde el año 2012 y de los que hemos tratado en este informe.

Así las cosas el litigio continúa para la Compañía Energética de Occidente y el alcalde Mendoza, a razón que lo concerniente a Cedelca todo está culminado, pues como se desprende de las Sentencias del Consejo de Estado que resolvió de fondo y hace tránsito a Cosa Juzgada, en una se consideran superadas las diferencias y en la otra se convalida el contrato de Condiciones Uniformes que se cedió a la Compañía Energética de Occidente.

Tendrá el alcalde Mendoza que esperar los fallos de las Altas Cortes y seguir en la loable lucha de la defensa de los intereses tanto del Municipio de Santander de Quilichao como de sus habitantes.


Lunes, Mayo 22, 2017 - 12:45

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