¡QUE VIVA EL CHANTAJE!!!!!! Escribió: NELLY YOLANDA ORTIZ DE MEJIA.

Docente de la UNIAUTONOMA POPAYAN - AREA DERECHO PUBLICO: D. Constitucional; D. Procesal Constitucional; D. Administrativo General y Colombiano.

Estas son algunas declaraciones y reacciones por el famoso fallo de la Honorable Corte Constitucional y nombramiento mañana de uno de sus magistrados:

Jesús Santrich en rueda de prensa afirmó que la Corte constitucional es un palo en la rueda en el proceso de paz y “(…) los proyectos que han pasado o están pasando y todos esos cuerpos normativos van a llegar sus inocentes manos, a mi modo de ver para volver mierda”) (sic).

Y continúa: “(…) Lo que ha pasado ahora con el Fast Track es eso y con la perspectiva del prejuzgamiento del magistrado Bernal, y sin embargo actuó para inclinar la balanza a favor de los que quieren volver trizas el acuerdo. Yo pienso que esta Corte como está ahora no da ninguna garantía para seguir avanzando”.

Y que tal estica de ese gran sabio Benedetti: “Si Diana Fajardo no llega a la Corte, las Farc se pararan de la mesa” … “(…) se pondría en vilo la implementación de los acuerdos de paz”. Y como si fuera poco el arrogante, guerrerista, traidor, dueño de la paz HP (léase Honorable Parlamentario), calificó como un error haber ternado al magistrado Carlos Bernal.

Al parecer con estas estúpidas afirmaciones el HP pretende intimidar Y CHANTAJEAR al Congreso, a los órganos competentes para ternar candidatos a la Corte y lógicamente intimidar a la misma Corte Constitucional. Hizo bien el mandado HP Benedetti.

Y que tal la del presidente de la República: Con el otro mandadero Roy Barreras organizan una comida para hacer la misma solicitud de votar por la abogada Diana Fajardo.

Estas conductas intimidatorias y chantajistas propias de los personajes citados y teniendo en cuenta que en Colombia nos acostamos vigentes y amanecemos derogados, me obligaron revisar las preceptivas constitucionales relacionadas con la interpretación y aplicación del principio de la Supremacía de la Constitución, como siempre corriendo el riesgo de equivocarme.

i. Reza el artículo 4°: “La Constitución es normas de normas”.

En un estado social de derecho como el nuestro en donde el ejercicio de las actividades estatales deben estar sujetas a la observancia de la Constitución como pilar fundamental del ordenamiento jurídico, este principio nos informa que dentro de la jerarquía normativa la constitución ocupa el primer lugar y en consecuencia las normas de inferior jerarquía que integran dicho ordenamiento jurídico como: la ley, los decretos del Presidente de la República, las ordenanzas de las asambleas, los acuerdos de los Concejos municipales y distritales y los decretos y demás actos de las entidades territoriales, etc., deben respetar la Constitución. La validez de dichas normas depende de su conformidad con las normas Fundamentales, es decir, que el principio de la Supremacía de la Constitución implica que no puede haber ninguna decisión por fuera o en contra de la constitución.

Aquí surge un interrogante: ¿Cómo se hace efectivo en la práctica el cumplimiento de este principio?

Mediante el establecimiento de mecanismos de control de constitucionalidad y nulidad de las actuaciones de las autoridades públicas, contrarias a la normatividad Superior y en tal virtud creó la Jurisdicción constitucional, con un órgano jurisdiccional supremo, la Corte Constitucional integrada por 9 magistrados elegidos por el Congreso de sendas ternas presentadas por el presidente de la República, La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (art. 239).

ii. El artículo 241 dispone: “A la Corte Constitucional se le confiere la guarda de la integridad de la Supremacía de la Constitución…”

En aplicación de esta preceptiva le corresponde decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución. Las leyes y los decretos leyes expedidos por el presidente de la República (Art. 241-1, 4 y 5).

iii. A su vez el artículo 237 establece: “Son atribuciones del Consejo de estado:

“(…)

2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional”.

Como se puede apreciar en ninguna norma del Estatuto Fundamental se permite el chantaje para la toma de decisiones del Congreso que es un órgano colegiado, deliberante por cuanto sus decisiones se toman aplicando el principio de las mayorías. No puedo imaginarme un congreso firmón.

Así mismo, desconocía que la Corte Constitucional debe ser integrada por los jefes de las FARC, con magistrados que les garantice decisiones favorables a sus intereses y a su futura gobernabilidad.

¿Podemos continuar con esa actitud pasiva del “dejar hacer, dejar pasar”?????

Y por último no olvidemos que los estúpidos, amargados y resentidos ofenden con la lengua y los inteligentes con el silencio y la risoterapia.

31 de Mayo de 2017 09:15 PM