MI OPINIÓN FRENTE AL PARO

Martes, Junio 7, 2016 - 18:15

Lo primero que debe quedar claro frente a las protestas que  en estos días alteran la aparente normalidad en el departamento del Cauca, es que el movimiento indígena no puede ser bueno cuando vota masivamente en las elecciones y malo cuando protesta. El cierre de las vías que afecta a todos los caucanos que pagan los platos rotos, sin tener velas en ese entierro, tiene unos responsables que deben dar la  cara. A los ciudadanos de a pie nos toca exigir respuestas, y aprender la lección, para actuar con responsabilidad a la hora de escoger gobernantes y elegir nuestros voceros en las corporaciones públicas.

El movimiento indígena  no aparece de la noche a la mañana ni es una generación espontánea como respuesta a una coyuntura. Es la lucha de una etnia y de un pueblo que ha sufrido, por siglos la conculcación de sus derechos, el exterminio, la explotación y la discriminación. En el Cauca tiene una larga trayectoria que abarca los quinientos años desde que los ibéricos pusieron sus pies y sus espadas en esta tierra. No se trata de hacer, en este espacio, una recopilación histórica de la dolorosa vivencia de un pueblo a través de la historia. Se trata simplemente de invitar a la reflexión para precisar, que no se puede juzgar con ligereza, sin profundizar en las causas históricas,  la actitud de las comunidades indígenas.

En toda Latinoamérica ha habido un resurgimiento de los movimientos indígenas que, con todo derecho, luchan por su supervivencia y por recuperar lo que, en su concepto, les fue arrebatado a través de los siglos. Colombia no es pues una excepción, ni es caso aislado dentro de este proceso histórico de reivindicación indígena. En ese orden de ideas, la protesta indígena no puede ser condenada ni señalada como la responsable de todos nuestros males. Es legítima y así como no puede desbordarse causando enormes daños al departamento del Cauca y a la ciudadanía inerme,  debe ser atendida por el Gobierno sin satanizarla ni volverla un simple problema de orden público.

Pero hay más. Invito a mis amables lectores a que recuerden la actitud de nuestro políticos y nuestros gobernantes frente a los indígenas. Los últimos gobernadores han utilizado, a indios y negros con propósitos mezquinos de orden electoral. Esas comunidades, a diferencia del resto de la sociedad, no olvidan los compromisos que adquirieron y, que como siempre, nunca cumplieron. Valdría la pena que esos personajes dieran explicaciones a la sociedad caucana, que busca respuestas, en una crisis que la afecta directamente.

En ese mismo orden de ideas deben recordar los caucanos la actitud de Santos y de algunos de sus ministros; entre otros, el actual ministro Iragorri, cuando en la María, en vísperas de elecciones, ofrecieron el oro y el moro a las comunidades indígenas que, después, tuvieron que hacer uno de sus acostumbrados movimientos para recordarles los compromisos adquiridos, al calor de una bebida fermentada de maíz que produce, en la mente, efectos confusos. Fue a raíz de esos hechos que los indígenas obtuvieron la firma  del decreto 1953 del 2014, que reconoce los territorios indígenas y crea un régimen especial, introduciendo en el bloque constitucional una serie de normas que constituyen la culminación de una vieja y prolongada lucha.

Santos y sus alegres ministros, no se si leyeron el decreto; no me extraña que no lo hubieran hecho, conociendo la ligereza y la irresponsabilidad con que se manejan los asuntos de Estado. En este caso, invito a mis lectores a que lean la norma, así no seamos especialistas en la materia.  Basta leerla, para entender por qué varios gobiernos habían tratado de negociar meticulosamente los términos de esa norma, habida cuenta de sus profundos efectos sociales, políticos y económicos,  así como su enorme impacto en el ordenamiento jurídico del país. Ahí, como ustedes podrán observar, se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y se les entrega el manejo de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico, otorgándoles competencias para prestar servicios públicos y facultades para ejercer funciones públicas en sus territorios, allanándoles el camino en sus luchas de ampliación territorial. En la práctica, el Gobierno Santos les reconoce casi una total autonomía y se compromete a financiar con dineros del presupuesto nacional las inversiones que conlleva su implementación.

Mi sensación es que los indígenas, en esta oportunidad, están reclamando el cumplimiento de los compromisos, en época preelectoral; por eso votaron copiosamente por Santos; y al contrario del resto de la sociedad, los indios celebran con chicha, pero no olvidan las promesas.

Presidente y señores ministros, cumplan y no nos ponga a nosotros a pagar su irresponsabilidad.